Los abajo firmantes, asociaciones, grupos, plataformas y partidos, expresan la necesidad de acabar con los desahucios de viviendas, lacra que castiga a los sectores más vulnerables de la sociedad española, privándolos de su derecho constitucional a tener una vivienda digna.

Las entidades financieras, incluso las rescatadas con el dinero de todos, siguen desahuciando; en las subastas se siguen llevando a cabo prácticas perversas, aunque insólitamente legales, las familias y sus avalistas siguen siendo expulsados de sus hogares y los gobiernos -central y autonómicos- siguen mirando para otro lado. Treinta mil desahuciados en 2013 (82 al día). Ésta es la cifra del drama.

En este sentido los abajo firmantes exigimos:

1.- Que se articulen las correspondientes medidas jurídicas y reformas legales para evitar que dichos desahucios sigan produciéndose y en la defensa de los más débiles, frente a los grandes capitales y bancos.

2.- Las administraciones habrán de poner en marcha programas que les permitan disponer a corto plazo de parques de vivienda pública en alquiler -en gran medida alquiler social-. Mediante estos programas, las personas que hayan sido desahuciadas recuperarán su dignidad humana y su condición de ciudadanos.

Para ello se habría de trabajar en cuatro líneas simultáneamente:

• Creando un Registro de viviendas deshabitadas, sancionando económicamente y gravando fiscalmente a las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que posean viviendas vacías y no las destinen al alquiler.

• En contraposición, estimular el alquiler del parque residencial privado, actualmente deshabitado, posibilitando acuerdos de arrendamiento entre propietarios y demandantes, incentivándolos fiscalmente y contratando un seguro de garantía del cobro de la renta a los propietarios en el caso de que los inquilinos no pudieran pagarla.

• Estableciendo un riguroso control sobre el parque de viviendas vendidas por ayuntamientos y gobiernos regionales a los fondos de inversión, verificando que dichos contratos de venta no van contra los criterios sociales con los que promovieron las viviendas y haciendo que se cumplan los compromisos que en su día adquirieron las administraciones con los inquilinos.

• Constituyendo un “Banco malo” de hipotecas público, rescatando el Estado esas hipotecas con dinero público, como antes rescató la Banca, asumiendo pérdidas y negociando con los usuarios un alquiler social.

Somos conscientes de que el coste económico de estas medidas, como el de todas las demás de carácter social, sólo puede conjugarse con un tratamiento más progresivo de la fiscalidad (a bancos, grandes fortunas, sicavs, etc.). En adición a lo anterior, y dejando patente que en ningún modo habría de incrementarse la carga impositiva al conjunto de los ciudadanos, se tendría que incidir especialmente en la persecución y penalización de la evasión fiscal.