Las asociaciones, grupos, plataformas y partidos, abajo firmantes, consideramos que:
«Todo ciudadano/a tiene derecho a una justicia independiente e imparcial, responsable y comprometida con la sociedad, que otorgue a la víctimas una verdadera reparación y protección de sus derecho”
PROPUESTAS
1.-Los candidatos o aspirantes a cubrir plaza en el TC, deberán someterse a un proceso de selección público conforme a criterios de transparencia, mérito y capacidad profesional por los dos tercios de las dos cámaras legislativas, después de un examen de méritos en el que deberán participar los ciudadanos a través del correspondiente mecanismo o Consejo de participación ciudadana.
2.-La elección de los magistrados y jueces del TS debe realizarse, en razón de méritos, con un examen y defensa de la candidatura de forma abierta y pública. Asimismo es necesario limitar en el tiempo las plazas judiciales, como ocurre en el TC o en tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (9 años).
3.-Los vocales del CGPJ sean nombrados por los propios ciudadanos, El CGPJ debería configurarse como un órgano de gobierno no sólo de y para los jueces, sino para todos los actores y afectados por el servicio de la justicia, adquiriendo competencias ahora atribuidas al Ministerio de Justicia y haciéndose aún más independiente del Poder Ejecutivo.
4.- El Ministerio Fiscal asumirá las funciones de instructor en el proceso penal mientras que el juez lo será de garantías constitucionales
5.-La designación del Fiscal General debe realizarse ante las cámaras, defendiendo un programa, y su nueva función y responsabilidades deben regularse mediante un estatuto de autonomía.
6.-Para la construcción de la imparcialidad, se apoya la creación de un “Código de Ética Judicial.
7.-Es urgente la creación de un sistema de incompatibilidades rígido y de transparencia dentro del propio Poder Judicial y sobre todo en la cúpula del Tribunal Supremo que incluya la relación de bienes, con imposición obligatoria de una auditoria cada determinado número de años o al final de la función.
8.-El estudio del derecho relativo a los derechos humanos, el derecho humanitario y de la Unión europea, debe incluirse en los programas de formación de los nuevos jueces, con especial referencia a la aplicación práctica de ese derecho en el trabajo ordinario del juez.
9.-La promoción en la carrera judicial, debe estar basada en méritos profesionales – formación continua, eficacia, eficiencia – y no en la temporalidad.
10.-Es necesaria la instauración de mecanismos de acceso y evaluación continuados con participación de la ciudadanía
11.-Derogación de la actual ley o regular la jurisdicción universal de modo que su aplicación absoluta y pura sea viable en España.
12.-La eliminación de toda clase de aforamientos como mecanismo que garantice una justicia más igualitaria.
13.- Garantizar la libertad de expresión de los miembros del poder judicial, con la sola prevención de aquellas opiniones o informaciones que pongan en riesgo la investigación o los derechos de los justiciables.
14.- Establecer mecanismos de acceso a la información judicial por parte de victimas y afectados que abunde en la transparencia de la gestión
15.-Establecer mecanismos que garanticen la transparencia con participación ciudadana que alejen cualquier duda o sospecha de corrupción.
16.-Prohibición de la participación de la judicatura en iniciativas con financiación privada y en determinadas iniciativas públicas.
17.-Apoyo al Convenio marco de colaboración entre el CGPJ y la organización Transparencia Internacional España de 2 de julio de 2014.
18.-Establecimiento de mecanismos y protocolos de conocimiento público que permitan a los abogados o a los litigantes hacer averiguaciones acerca de las decisiones que les parecen haberse demorado indebidamente.
19.-Promoción de medios alternativos de justicia como la mediación, conciliación y arbitraje.
20.-Se propone la creación de una base de datos centralizada a las que pueda acceder el ciudadano directamente a modo de consulta y que garantice la transparencia del sistema de justicia.
21.-La Administración de Justicia debe tener y disponer de su propio presupuesto con una base indisponible para garantizar su independencia financiera del resto de los poderes públicos.
22.-Derogación de la ley de tasas que supone un ataque a la Tutela judicial efectiva recogida en la Constitución
23.-Abolición los paraísos fiscales y la prohibición de que las corporaciones financieras españolas trabajen con los mismos.
24.-Derogación de la actual legislación en relación a los delitos de terrorismo y promover la legislación adecuada de acuerdo con los estándares exigidos por los diferentes organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y Consejo de Europa, así como los defendidos por organizaciones internacionales de derechos humanos, que garanticen los derechos de los afectados y sancionen cualquier incumplimiento.