Las asociaciones, grupos, plataformas y partidos, abajo firmantes, consideramos que en la situación actual del país, la prioridad absoluta de toda política económica debe de ser la creación de empleo duradero y de calidad, aumentando el número de horas trabajadas, los ingresos salariales y la garantía de los servicios públicos de calidad.

Las recetas económicas neoliberales y sus consiguientes medidas de austeridad han sumido a Europa en el estancamiento y la deflación y han precipitado a la periferia sur del continente al abismo de la desigualdad, el desempleo y la pobreza, constituyendo un ataque directo a los principios que conforman la base misma de la construcción europea: la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En España se han destruido millones de puestos de trabajo durante los últimos años porque la solución política a la crisis ha sido la que ha impuesto al conjunto de la sociedad un grupo muy reducido de españoles: banqueros, promotores y grandes empresarios, ayudados por políticos venales y corruptos.

Hay que frenar la destrucción de empleo, reconociendo y haciendo frente a la triple crisis que está en la raíz del hundimiento de nuestra economía: a) crisis de la demanda interna; b) crisis de financiación hacia empresas y familias; y c) crisis de la deuda soberana que dificulta la llegada de inversión pública

Recuperar la demanda interna de bienes y servicios, pasa por incrementar los ingresos de los ciudadanos, poniendo freno al crecimiento de la desigualdad y a la concentración de la renta. Las continuas bajadas de salarios no hacen a la economía española más competitiva, ni se refuerza la producción y el crecimiento del empleo, sino todo lo contrario. Resulta mucho más efectivo, realista y socialmente beneficioso recuperar la actividad de las empresas y el empleo consiguiente, tomando medidas que tiren del mercado interior e incentiven la demanda que va a las pequeñas y medianas empresas, que son los grandes semilleros de empleo del país.

Hay que disponer de un sistema financiero saneado, restructurado y redimensionado para evitar la existencia de entidades bancarias de riesgo.

Hay que cambiar el modelo productivo hacia una economía baja en carbono y realmente sostenible, aumentando la competitividad por la vía de la innovación y la mejora de la calidad de los productos, y no a través de la reducción de plantillas, la bajada de salarios y la precarización del empleo, como se ha hecho hasta ahora.

Es imprescindible orientar la inversión empresarial hacia nuevas actividades (agricultura ecológica, producción local y de proximidad, regeneración urbana y remodelación residencial, energías renovables,…) dando prioridad al empleo verde en todos los planes de generación de empleo, especialmente en cuanto a empleo juvenil se refiere. Es prioritaria la potenciación del I+D+i en estos sectores.

Debe ser prioritario acabar con el “trabajo en negro”, dignificar todo tipo de empleo y promover con la mayor intensidad el empleo femenino y juvenil.

Hay que desarrollar programas de formación y políticas activas de empleo e implantar reformas que faciliten realmente la búsqueda de empleo y la contratación, que eliminen incentivos perversos y hagan más efectivas las políticas activas de empleo sin empeorar la calidad del mismo y el bienestar social.

Hay que implantar un programa de ahorro, mejora y racionalización de todas las administraciones públicas, acabar con el despilfarro y reducir el gasto público sin cercenar derechos de los ciudadanos.

Es imprescindible abordar una reforma fiscal basada en la fiscalidad progresiva y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, como fuentes de ingreso para la sostenibilidad de los servicios sociales. El objetivo final ha de ser una redistribución en equidad de la riqueza