Con una cifra aproximada de más de 110.000 desaparecidos, España es el segundo país del mundo con mayor número de fosas tras Camboya. A pesar de haber transcurrido más de ochenta años desde el golpe de Estado del General Franco y casi cuarenta desde el restablecimiento del régimen democrático, muchos de nuestros muertos continúan hoy en las cunetas.
Son varios los organismos internacionales que se han pronunciado recientemente sobre la obligación del Estado español de investigar lo ocurrido y de reparar a las víctimas, que ven continuamente sus derechos vulnerados en este país. El Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, Pablo de Greiff, denuncia en su informe del pasado mes de julio la falta de información y la gran dispersión de los datos recabados con respecto a las violaciones de Derechos Humanos que se cometieron en España tras el golpe de Estado de 1936. “No existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, señala, habiendo además temas “subexplorados” como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los Derechos Humanos. Ante la inexistencia a día de hoy de mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad, De Greiff insta a las autoridades a establecer una institución «independiente pero oficial» de búsqueda exhaustiva de información. Esta institución o mecanismo, dice, «podría adoptar diferentes modalidades y formatos, incluyendo la forma de una comisión de la verdad».
Es preciso hacer mención al importante papel que presta el apoyo de la comunidad internacional a las Comisiones de la Verdad
En el mismo sentido se han pronunciado también tanto el Comité de Desapariciones Forzadas como el Comité contra la Tortura o el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, cuyo informe fue presentado también este mismo año.
En España se han producido ya algunos intentos para impulsar la creación de este organismo, el más reciente en 2013 con el lanzamiento de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por distintas asociaciones memorialistas, que quizás no está teniendo la proyección que debería. La mayor parte de la ciudadanía continúa percibiendo este tema en términos binarios, de uno u otro bando o, tal solo, como algo ajeno que no le afecta.
Para que una iniciativa de este tipo prospere en el país es imprescindible que exista una campaña previa de información y sensibilización. El objetivo de esta campaña sería modificar esa percepción que existe y desvincular el trabajo de investigación de cualquier ideología para centrarse en la defensa de los Derechos Humanos en cumplimiento de lo establecido por las normas de derecho internacional, que también forman parte del ordenamiento jurídico español. Además, sería de utilidad recabar información durante la campaña acerca de las expectativas y necesidades de la ciudadanía.
En realidad todo el proceso de creación de este instrumento ha de ser público y debe contar con la participación ciudadana, al igual que ocurrió en Sudáfrica, por ejemplo. En muchas ocasiones esto no ha sido posible debido a la situación de debilidad en que se encuentra el país y a los riesgos de regresión autoritaria. Sin embargo, en España la situación es muy distinta. Con una democracia instalada desde hace décadas pero en un momento de tremenda crisis institucional, optar por la transparencia en la creación de un mecanismo para la defensa de los Derechos Humanos constituiría incluso una importante contribución a la regeneración democrática.
Sin duda, es también necesario que el proyecto cuente con el mayor apoyo político posible. Lograr un mayor consenso es uno de los factores que determinan el mayor o menor grado de éxito de la futura comisión, porque influirá también en el cumplimiento de las recomendaciones futuras.
Desde la perspectiva del contexto histórico, político y social de España, los principales elementos a tener en cuenta en el proceso de constitución de una Comisión de la Verdad en este país –composición, período de tiempo objeto de estudio, período de funcionamiento, facultades, modo de proceder para la realización de las tareas de investigación y medios con los que contaría– deberían presentar las siguientes características:
- A) Composición: no cabe duda de que al igual que en otras experiencias sus integrantes deberán ser personas de reconocido prestigio y con cierta trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos. No obstante, debido a la polaridad existente en torno a este tema tal vez sería de utilidad contar con la participación como miembro de algún experto internacional que dotase a la Comisión de una mayor objetividad. Por supuesto, deberá contar además con apoyo de expertos en todos aquellos campos que sean necesarios para la investigación: historia, psicología, derecho etc.
- B) Período objeto de estudio: parece clara la necesidad de iniciar las investigaciones en el momento del golpe de Estado, para incluir los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, porque reducir la investigación a la Dictadura amenazaría seriamente la percepción de objetividad. Sin embargo, quizás presenta mayor dificultad determinar la fecha final del período a investigar. El entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en su auto de 16 de octubre de 2008 establecía diciembre de 1951 como fecha límite para la investigación, pero esto dejaría fuera muchas de las actuaciones que se llevaron a cabo en las últimas décadas del franquismo. Sería un terrible error que tras tantos años de espera, se creara un instrumento con deficiencias. Quizás sería más adecuado prolongar la investigación hasta la muerte de Franco o, incluso, hasta la promulgación de la Constitución de 1978, sin olvidar que aún se produjeron casos de niños robados con posterioridad a esa fecha, en aplicación de un sistema gestado por el régimen franquista. Debe admitirse esa conexión para que no haya víctimas que se vean nuevamente olvidadas.
- C) Período de funcionamiento: debido al extenso lapso de tiempo a estudiar y a la gran diversidad de situaciones objeto de estudio parece razonable establecer un período amplio no menor de dos años. Así fue previsto en Brasil para el trabajo de la Comissao Nacional da Verdade, que se creó por cierto en un escenario y con unas características similares a las que podrían presentarse en España.
- D) Facultades/mandato: al no darse en este caso ninguna de las amenazas propias de un período de transición y persistir no obstante ciertas reticencias por parte de algunos sectores de la sociedad española, parece necesario dotar a la futura Comisión de las máximas facultades para llevar a cabo su trabajo y poder recabar toda la información, testimonios y actuaciones de las instituciones del Estado que sean necesarias. Todas las violaciones de Derechos Humanos deben ser investigadas.
- E) Modus operandi: en este punto nos encontramos con que la máxima dificultad para llevar a cabo sus tareas será sin duda el largo tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, lo que repercute no solamente en los documentos que hayan podido ser destruidos sino también por aquellos testigos que ya no están. En el informe de De Greiff se hacía precisamente hincapié en la necesidad de recoger cuanto antes los testimonios orales de las víctimas y testigos directos, dado lo avanzado de su edad y el consiguiente riesgo de pérdida de esta información. Siguiendo el ejemplo del modelo sudafricano, es muy probable que optar por dar publicidad y difusión a las audiencias con estas víctimas pudiera tener efectos catárticos tras haberse visto estas durante tanto tiempo silenciadas. No obstante, cada persona debe tener siempre la opción de elegir cómo prestará su testimonio, porque como ya se ha mencionado, a veces la publicidad puede resultar contraproducente. Además, y debido precisamente al avanzado estado edad de las personas implicadas, sería fundamental que a medida que se avance en la investigación se vaya dando orden para proceder con las exhumaciones de los familiares desaparecidos.
- F) Medios: la Comisión deberá contar con todos los recursos necesarios para desarrollar las tareas que se le encomienden. El apoyo internacional, tanto técnico como financiero, debe ser indispensable para contrarrestar la polarización social, y no sólo desde el ámbito de Naciones Unidas sino muy especialmente de la Unión Europea, que ya en el Programa de Estocolmo 2010-2014 afirmaba como uno de sus objetivos propiciar la reconciliación y el mantenimiento de una memoria histórica en estados afectados por crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Sería quizás una oportunidad de redención para esa Europa que luchó contra los fascismos más allá de los Pirineos pero se empeñó en mirar para otro lado mientras en España se cometían las más graves violaciones de Derechos Humanos.
En definitiva, el paso del tiempo quizás haya favorecido en España la estabilización institucional y la democracia, pero dista mucho de ser suficiente para cerrar las heridas causadas por un pasado injusto. Mirar de frente ese pasado no significa reabrir heridas porque en realidad estas nunca llegaron a curarse, pero tal vez permita a este país poder cerrarlas al fin.
Las Comisiones de la Verdad:
El pasado frente al espejo
Análisis comparativo de distintas experiencias y reflexión sobre la aplicación de este instrumento al caso español
Covadonga Fernández García documento completo en PDF
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