España incumple sus «obligaciones» con los desaparecidos forzados, según el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Los errores del caso español: no existe una cifra oficial de víctimas del franquismo, escasa aplicación de la Ley de Memoria y que el Estado delega la reparación «a la sola iniciativa de las familias». Una «herida abierta», como define un informe que retrata a varios países europeos.
El listado de gobiernos que no establecen «la verdad sobre las personas desaparecidas» incluye a Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Irlanda del Norte, Rusia, Turquía, Ucrania, los Balcanes occidentales y España. Una cuestión de «voluntad política», apunta el comisario de Derechos Humanos del Consejo, Nils Muiznieks.
Para solventar un «problema» que está «lejos de resolverse en Europa», el documento señala nueve recomendaciones básicas. Reparación a las víctimas y sus familias. Erradicar la impunidad. Realizar investigaciones eficaces. Mejora de los procesos de exhumación e identificación. Fortalecer la legislación nacional. Aplicar la legislación internacional. Activar iniciativas que persigan «la verdad». Asegurar el acceso efectivo a la información y los archivos. Y capacitación de funcionarios públicos para esta labor.
La «vergonzosa brecha» entre víctimas y estados
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