Madrid, 31 de agosto de 2014

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la orden de desahucio de una vivienda de Protección Oficial de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, a una persona que estaba al corriente de pago de su alquiler, considerando “que se produjo sin razón y sin que se cumplieran los requisitos que marca la ley (…) Se desconoce la finalidad, si es con la de aumentar la renta de forma distinta a la prevista o para burlar los derechos que, en su caso, le puedan corresponder».

Ya no estamos hablando de que la EMVS no cumple la función social para la que fue creada, ni del derecho constitucional de tener una vivienda, ni nos estamos volviendo a lamentar por otro suicidio de una persona desahuciada.

La EMVS está desprendiéndose de patrimonio, vendiéndoselo a bajo precio a los llamados ‘fondos buitre’. Su negocio no está en subir el alquiler a los inquilinos, pero sí puede estarlo en liberar los edificios de los derechos que adquieren los inquilinos pagando el alquiler año tras año. La clave está en que al cabo de un número de años pueden optar por comprar la vivienda.

Obligar a un inquilino a firmar un nuevo contrato significa poner el contador a cero en dicho cómputo de años y por tanto librarse del riesgo de que un inquilino les estropee un nuevo  business como los que llevan hechos con Blackstone o con Goldman Sachs.

CONVOCATORIA CÍVICA  insta a las formaciones políticas y a las organizaciones sociales interesadas en la materia, a que indaguen qué hay detrás de esta cruel política de desahucios que una empresa pública como la EMVS de Madrid está llevando a cabo hasta con quienes pagan religiosamente sus alquileres. Además, insta a todas las Administraciones Autonómicas a no importar esta práctica en sus comunidades y evitar las graves consecuencias sociales de estas.

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