Editorial publicada el día 29 de septiembre en «El País»

Casi todo el bienestar de una sociedad depende del crecimiento de la productividad de la economía, como seguramente defenderían casi todos los economistas, incluso los más convencidos socialdemócratas. Más allá de este punto, como decían los mapas antiguos, “hay monstruos”, es decir, se desatan las discusiones y, lo que es más significativo, se ponen en práctica políticas económicas de austeridad salarial cuyas virtudes se magnifican mientras se ocultan sus consecuencias. La recesión española se ha combatido hasta ahora con el único ungüento de la moderación salarial. Desde 2010, los salarios reales han caído en torno a un 7%, y es evidente que ese descenso se ha concentrado en las rentas medias y bajas. Hay grupos profesionales que no solo no han perdido ingresos, sino que los han aumentado. Al margen de la desigualdad, que suele acrecentarse durante las crisis prolongadas, una de las cuestiones sobre las que deberían pensar ahora, cuando la recesión económica está tocando fondo y no se sabe durante cuánto tiempo estará en él, tanto el Gobierno como las empresas es cómo puede aumentarse la productividad del sistema sin exigir recortes salariales más profundos. 

La respuesta teórica, de manual, es que la productividad crece cuando aumenta la calidad del capital humano de las empresas e incorporan nuevas tecnologías. La repetición de esta fórmula manida ha hecho escuela hasta convertirse en un estribillo gastado; pero es un estribillo muy cierto. Si se quiere aclarar un poco más la cuestión, habría que explicar que casi todo el aumento de la productividad de una economía depende de cuánto invierta en educación. Ni es una exageración, ni un cliché genérico, ni una conexión trivial. Los estudios de campo demuestran que un año más de educación significa, para el que se beneficia de él, un aumento en torno al 10% de su salario real. Así pues, ese es el camino más seguro, si bien exige pensar a medio y largo plazo, para elevar la competitividad del sistema económico.

Y exige también seguir una política de inversiones masivas en educación. Que es justamente lo que este Gobierno no está haciendo. En política educativa, los recortes de inversión, por muy coyunturales que parezcan, se convierten siempre en estructurales, porque el retraso respecto a la eficiencia profesional de los países del entorno va acumulándose en forma de diferencias de renta y de costes de producción menos eficientes.

Por estas razones, las perspectivas estructurales de la economía española provocan una cierta preocupación. A pesar de las recetas de ajuste, la productividad por empleado en la industria española está más de un 34% por debajo de la media europea. Las empresas, probablemente porque no disponen de margen, apenas invierten el 0,8% de su producción en I+D, la mitad que las empresas europeas. Ni las inversiones públicas ni las privadas hacen lo que deben para aumentar la productividad y la competitividad. Las consecuencias pueden ser nefastas y duraderas: que la economía española quede resignada a crecer solo a través de patrones intensivos en mano de obra, como, por ejemplo, el inmobiliario. Que es, por cierto, el tipo de monocultivo que nos ha llevado a la recesión profunda.