Artículo de Mario García de Castro, publicado originariamente en Zoom News

Una nueva generación de españoles reprocha a sus padres lo mal que hicieron las cosas durante la transición democrática. De aquella Transición de hace 40 años hacia la democracia y las libertades ya no quedan más que rescoldos. Hoy nos reprochan un legado de tolerancia a la corrupción, de desigualdad y paro sistémico, y reclaman Democracia Real Ya desde la marea ciudadana.

Aunque no lo parezca, el consenso social en torno al Estado de bienestar se empezó a romper en Europa en la década de los 70, el concepto de Estado comenzó a quebrarse, y Sociedad y Estado iniciaron una larga separación de intereses. Y hoy estamos viviendo el final, el divorcio, la ruptura definitiva de relaciones. El declive de las viejas ideas de la izquierda europea ha sido testigo del distanciamiento, incapaz de apostar por la defensa o mejor reconstrucción de lo que se liquidaba, mientras la hegemonía de la derecha procuraba el desmantelamiento de la sociedad civil, la globalización empresarial, el capitalismo financiero.

Pero por entonces, en este país, nadie dudaba de la independencia del poder judicial o de los medios de comunicación. Y ejecutivo y legislativo todavía se equilibraban y se respetaban incluso en sus diferencias de interés, y había sesiones parlamentarias en las que se enfrentaban ambos poderes. Desde los tratados políticos de Polibio un siglo antes de Cristo hasta la teoría liberal del estado de Montesquieu, el estado de derecho había apostado por la independencia de los poderes. Incluso se confiaba en el Cuarto poder como contrapoder democrático.

Pero al salir de la dictadura y del autoritarismo sin sociedad civil, este país cayó en manos del sistema de partidos y de una ley electoral restrictiva y opaca que dio como resultado la sobrerrepresentación de la militancia partidista en la sociedad, lo que se dio en llamar partitocracia. La falta de democracia interna en los partidos políticos, las listas cerradas, la falta de transparencia de representantes e instituciones desde entonces, ha acabado convirtiendo a la sociedad española en una de las más desarticuladas de Europa, dominada por unos cargos electos mudos y obedientes y unos electores inhibidos y dependientes que se limitan a decir sí o no cada cuatro años.

Hoy el ejecutivo manda a golpe de decreto en un Parlamento atrincherado y sin voz y no es ajeno a la politización partidista de la justicia, la diplomacia sectaria, los medios de comunicación amordazados, la clase empresarial chantajeada, los servicios públicos desabastecidos, la cultura instrumentalizada.

La militancia en el PP de Francisco Pérez de los Cobos, actual Presidente del Tribunal Constitucional, o la afiliación de sus miembros actuales, es una muestra de la deslegitimación de las instituciones públicas, de la quiebra de la separación de poderes y de la ideologización de la acción del ejecutivo. El Presidente del máximo tribunal jurisdiccional del país, al que se le debería de suponer la máxima imparcialidad, militante del partido del gobierno. Este ejecutivo descree o no confía en la independencia judicial, en la imparcialidad de los medios informativos, en la profesionalización de los servicios públicos en general. Confunde intereses públicos con intereses propios o partidistas. Concibe los servicios públicos como instituciones a su servicio o al servicio de su proyecto ideológico, y por eso es difícil hoy concebir a unos jueces no partidistas o a unos periodistas independientes o a unos diplomáticos al servicio del estado.

Disciplinados afiliados al PP dirigen ya las instituciones del Estado que deberían controlar al ejecutivo, desde el Defensor del Pueblo hasta el Instituto Cervantes. El jefe de los informativos de la televisión pública defiende la independencia de los informativos de TVE el mismo día que nombra a sus nuevos editores vinculados a las épocas de administración del Partido Popular.

Como el Presidente del Gobierno, tampoco el Presidente del Tribunal Constitucional ha pensado en dimitir. Porque el sistema de cuotas partidistas hace que todo marche entre acuerdos de sobrevivencia de partidos. El PP ha contestado afirmando que en el Constitucional hay magistrados ex miembros de administraciones socialistas. Finalmente se impone la componenda y la impunidad, incluso en este caso en el que se vulnera el artículo 127 de la Constitución. Casi todos los políticos actuales, incluido el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, llevan más de 30 años creciendo en la disciplina de sus partidos.

Hoy la politización lo invade todo, o mejor la política partidista invade toda la actividad de la sociedad: si la política partidaria impregna la cultura, la sanidad, la educación, la ciencia, la actividad empresarial y económica, la periodística, la diplomática o la militar, como no va a dominar también la judicial. Hoy la imparcialidad y la profesionalidad valen menos que la afiliación porque la afiliación se consagró principio para medrar. Periodistas y periódicos han dejado de ser independientes para abonarse a las mejores opciones políticas.

El paradigma de este modelo ha sido la Comunidad de Madrid. Desde que en 1995 ganó Alberto Ruiz Gallardón y apostó por consejeros independientes como Gustavo Villapalos o Alicia Moreno ha llovido mucho. Desde Ruiz de Gauna,Silvio González o Giménez Alemánen Telemadrid hasta el actual José Antonio Sánchez hay mucha distancia: el descrédito, su demolición. Todo ha cambiado desde entonces, y sobre todo desde ese 2003. Desde que los independientes en el gobierno son más ideológicos que los propios afiliados y el modelo burbuja ha hecho explosión, se ha manipulado y destruido la televisión pública, se ha privatizado el servicio público sanitario, toda la enseñanza básica o superior, se ha sustituido la provisión del empleo público por oposición por las contrataciones directas, se ha vulnerado la autonomía de las universidades y de los medios públicos, y se ha ninguneado la cultura. El modelo ideológico de una administración que invierte su política fiscal, que apuesta por Eurovegas mientras incrementa en un 60% las tasas universitarias, que prefiere apostar por ser sede de los Juegos Olímpicos mientras suprime las ayudas a la ciencia y a la innovación.

Pero aún nos queda el quinto poder. Las mareas. La búsqueda de una democracia directa vía internet es el trasfondo libertario y desorientado en el que se mueven ahora esa nueva generacion que rechazan la vieja política representativa y quieren construir un nuevo espacio público en las redes, mientras el Presidente del Gobierno cede el único turno de palabra a los sumisos. Esos jóvenes que rechazan el legado de la Transición son los únicos que sacarán a este país de la crisis si no seguimos desmantelando su futuro día a día, si no seguimos exterminando cualquier inversión de futuro.