DESAHUCIOS

Justificación: El Conjunto de medidas sobre Vivienda de Convocatoria Cívica es en sí mismo un programa de actuación contra los desahucios. Todo él está enfocado a evitar que vuelva a producirse, si bien las medidas de choque propiamente “legales” o “jurídicas” destinadas a detenerlos deben partir del grupo de Justicia.         

Manifiesto:

Convocatoria Cívica expresa su compromiso de trabajar para acabar con los desahucios de viviendas, lacra que castiga a los sectores más vulnerables de la sociedad española, privándolos de su derecho constitucional a tener una vivienda digna. Las entidades financieras, incluso las rescatadas con el dinero de todos, siguen desahuciando, en las subastas se siguen llevando a cabo prácticas perversas, aunque insólitamente legales, las familias y sus avalistas siguen siendo expulsados de sus hogares y los gobiernos -central y autonómicos- siguen mirando para otro lado. Treinta mil desahuciados en 2013 (82 al día). Ésta es la cifra del drama.

Aquí deberán venir las medidas jurídicas

Una vez alcanzado el primer objetivo -detener los desahucios- las administraciones habrán de poner en marcha programas que les permitan disponer a corto plazo de parques de vivienda pública en alquiler -en gran medida alquiler social-. Mediante estos programas, las personas desahuciadas recuperarán su dignidad humana y su condición de ciudadanos.

Para ello se trabajará en cuatro líneas simultáneamente:

• Creando un Registro de viviendas deshabitadas, sancionando económicamente y gravando fiscalmente a las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que posean viviendas vacías y no las destinen al alquiler.

• En contraposición, estimular el alquiler del parque residencial privado, actualmente deshabitado, posibilitando acuerdos de arrendamiento entre propietarios y demandantes, incentivándolos fiscalmente y contratando un seguro de garantía del cobro de la renta a los propietarios en el caso de que los inquilinos no pudieran pagarla.

• Estableciendo un riguroso control sobre el parque de viviendas vendidas por ayuntamientos y gobiernos regionales a los fondos de inversión, verificando que dichos contratos de venta no van contra los criterios sociales con los que promovieron las viviendas y haciendo que cumplan los compromisos que en su día adquirieron las administraciones con los inquilinos.

• Constituyendo un “Banco malo” de hipotecas público, rescatando el Estado esas hipotecas con dinero público como antes rescató la Banca. Asumiendo pérdidas y negociando con los usuarios un alquiler social.

Somos conscientes de que el coste que implican estas medidas sólo puede conjugarse, para no elevar impuestos, con un diferente tratamiento de la fiscalidad, incidiendo especialmente en la evasión fiscal.

Fernando Caballero Baruque

Coordinador del Grupo de Vivienda y Urbanismo