Dado el pistoletazo de salida de la crisis por la abdicación de Juan Carlos I y cuando los tambores que tocaban a rebato por el cambio de régimen ya se han arrinconado, toca ahora plantearse las distintas salidas que se dibujan en el horizonte para tener claro por cuál hay que apostar si queremos que su solución no deje impunes a quienes la crearon y satisfaga las justas demandas de los que la han sufrido. Hasta ahora, se está postergando la aplicación del principio de quien rompe paga y se lleva los platos rotos.

La crisis empezó en EE.UU. debido a la falta de regulación bancaria, en 2007/8. Se extendió por Europa por razones similares y se mostró especialmente grave en España, donde ha desaparecido casi la mitad del sistema financiero y lo que queda arrastra una tremenda deuda, apenas aliviada por los avales y préstamos de Europa y del propio estado español.

Cerraron pymes, quedaron en la calle sus trabajadores, se rebajó a los empleados públicos, parados y pensionistas sus prestaciones… Y mientras tanto las grandes empresas y los bancos que han quedado permiten a sus accionistas incrementar en un 26% su patrimonio en 2013, según los datos del INE.

Y el Estado pasó de tener una deuda pública de 1/3 del PIB a ser equivalente al mismo. Un billón de euros en números redondos.

LA CRISIS CATALANA

Volcada la Unión Europea equivocadamente en el rigor en el déficit público, como reconocen hoy desde la OCDE a la propia Unión, el Estado tuvo que hacer unos ajustes en los servicios públicos que fueron especialmente beligerantes en Cataluña por decisión del gobierno autónomo, que se puso a la cabeza de los recortes.

Cuando la protesta social empezó, el Gobierno presidido por Artur Mas, hizo lo mismo que su predecesor, Jordi Pujol, cuando se le pidieron cuentas por su gestión al frente de Banca Catalana, a la que llevó a la quiebra: se envolvió en la senyera y culpó a Madrid, a España, de los problemas. Según Pujol y Mas, no había problemas de gestión en Banca Catalana y el Gobierno de Cataluña. Era España la que roba. Suerte que Pujol ha puesto el interés por sus hijos por encima de la senyera, si no todavía habría quien creería esa burda manipulación.

El hecho es que el camino emprendido por el Gobierno de Cataluña ha llevado a una parte importante del pueblo catalán a solicitar la independencia. Y agravios con España no faltan y están justificados. Los últimos, las decisiones del Tribunal Constitucional a instancias del PP, que supusieron la anulación de buena parte del articulado de un proyecto de Estatuto de Cataluña que había contado con el visto bueno de las Cortes Generales y, lo que es para el caso más relevante, aprobado en Referéndum en Cataluña.

Así, al problema económico origen de la crisis se le han ido añadiendo derivadas sociales y políticas que hoy hay que resolver en conjunto.

EL CAMBIO CONSTITUCIONAL

El marco del cambio es la reforma de la Constitución. Vaciados de contenidos muchos de sus preceptos sociales por el paso del tiempo, especialmente graves en la regulación de las hipotecas, que ni siquiera cumplen los mínimos de la Unión Europea, la crisis ha añadido otros entre los que destacan la voladura de la negociación colectiva amparada por el Constitucional. Así, la doctrina neoliberal causante de la crisis no solo no paga los platos

rotos sino que sus principios se imponen sobre las ruinas del estado social y de derecho que la constitución amparaba.

Igualmente, la reforma fiscal enunciada por el PP camina en dirección contraria a la que se necesita para desagraviar a los perjudicados por la crisis, a los que se condena a menos estado social en beneficio de las rentas de capital, que siguen sin pagar impuestos, lo que es verdaderamente sangrante en el caso de los bancos, receptores de dinero público para su saneamiento y que ahora solo buscan de nuevo el beneficio de sus accionistas.

En suma, las salidas de la crisis en marcha son una estafa: no pagan los causantes y sí los perjudicados.

LOS ACTORES DEL CAMBIO

Se puede cambiar la Constitución como en Ucrania, echándose a la calle hasta que ceda la otra parte. Aparte del esfuerzo, lo peor de esa solución es que, adoptado el principio del uso de la fuerza, nadie puede extrañarse que otros la usen para sus intereses, como la guerra civil ucraniana nos recuerda.

Por ello, la vía, más lenta pero más segura, es la contemplada en la propia Constitución.

Entre sus beneficiarios, PP/PSOE, algunos de este último grupo empiezan a desmarcarse de decisiones anteriores, cuando la cambiaron para favorecer a los inversores internacionales. Es una tendencia que aún no se ha concretado en decisiones pero que hay que seguir de cerca.

Quien de forma más seria y rigurosa se ha planteado este problema es el 15M, hasta el extremo de que existe en circulación un Proyecto elaborado por uno de sus sectores, Movimiento por la Democracia, que no concurrió a las europeas, como hicieron otros hijos del 15M como Podemos, el Partido X y otros, suplantando en algún caso incluso el nombre de una de sus corrientes. ( Democracia Real Ya ).

Otros, como IU y ERC, han cometido errores estratégicos al plantear el cambio de régimen al socaire del relevo en la Corona, cuando lo que urge es enfrentar la ofensiva neoliberal en los asuntos sociales y fiscales, que son los que el pueblo sufre y en donde reside la posibilidad de conseguir su movilización, necesaria si se pretende cambiar las reglas de un juego que solo da ases a uno de los jugadores.

Las movilizaciones por la República han congregado a miles de ciudadanos.

Si queremos una Nueva Constitución hay que movilizar millones y, para ello, esos ciudadanos tienen que tener claro sus ventajas.

LAS FASES DEL CAMBIO

La sustitución al frente de la Corona hecha tras el aviso del pueblo a PP/PSOE en forma de desafección y apoyo y refuerzo a sus alternativas, incluida una nueva (PODEMOS),ha sido la primera fase del cambio. La siguiente es de acumulación de fuerzas e inicio de la movilización social.

Excluida la posibilidad de que dicha movilización sea encabezada por los sindicatos, debido a la precariedad del mercado de trabajo y de sus propias estructuras, muy golpeadas por la corrupción, la vista ha de detenerse en la capacidad de movilización del 15M y de su más importante brazo político, PODEMOS, “armado” de su millón largo de votos. Y apoyado por los restantes movimientos sociales contra las hipotecas, la precariedad en educación y salud, etc.

Esa movilización y acumulación de fuerzas tiene hoy un claro objetivo: conformar candidaturas para las elecciones del próximo año, las municipales y algunas autonómicas, así como dotarlas de un Programa que ayude al alumbramiento de la Nueva Constitución.

En Barcelona, Madrid, Málaga y otros lugares se están gestando candidaturas ciudadanas en las que los movimientos sociales y el 15 M corren con el principal protagonismo. En muchos sitios, como Málaga, IU trata de situarse al frente, presentándolas como el resultado de su propia política. Aunque fuera cierto, que no lo es, ya que el movimiento inicial se ha dado en Barcelona y ha sido una clara apuesta de los movimientos sociales, tratar de  lobotomizarlas daría unos miles de votos a IU sin duda, pero a costa de frustrar un movimiento que, como nos demuestran los votos recogidos por Podemos, X y otros, situan a IU como parte del problema y no como la solución, dada su participación en instituciones como las cajas de ahorro, que han quebrado o han tenido que ser salvadas con dinero público.

Si cuando las urnas se abran tras las municipales hay millones de votos en esas candidaturas y si el Programa electoral exige justicia en el reparto de las cargas fiscales y sitúa de nuevo los derechos sociales en el centro del debate, el cambio de la Constitución será el resultado de las siguientes elecciones generales, en las que se ha de traducir ese éxito estratégico. Siempre que la gestión municipal o autonómica siga con rigor dicho Programa y no sea absorbida por la gestión de las cosas corrientes. Aquí como en todo vale el lema de pensar globalmente y actuar localmente.

LOS ACTORES DEL CAMBIO CONSTITUCIONAL

Igual que el paso de la Dictadura a la Democracia necesitó de un encaje institucional en el que fue clave el secretario general del partido único de la dictadura, Adolfo Suárez, y el Rey, que renunció al poder que le dio Franco para entregarlo a los partidos políticos, es clave que las fuerzas que impulsen el cambio constitucional tengan aliados dentro del actual sistema.

Estamos hablando de un proceso al que podemos llegar en apenas dos años, por lo que no es un asunto menor.

En primer lugar, hay que situar la enorme ventaja que supone que el actual proceso no tenga que vérselas con las Fuerzas Armadas. Los ejércitos hoy no están en la política y solo la crisis catalana podría ser manejada para resucitar los fantasmas de un pasado todavía reciente. De ahí la importancia de que el problema catalán sea llevado con inteligencia, lo que hasta ahora no existe por ninguna de las dos partes en litigio, que juegan alegremente al choque de trenes como chiquillos.

A favor juega también la renovada Iglesia Católica en Roma, que en algún momento se traducirá en una Iglesia Católica española puesta al día y de la que ya se ven muestras en el discurso de instituciones seglares como Cáritas, que valientemente ponen el dedo en la llaga cada vez que tienen ocasión. Otro tanto se puede decir de Cruz Roja y en general de quienes se han involucrado en hacer la crisis social algo más llevadera.

Respecto al sector empresarial, hay una clara división entre gran y pequeña empresa. Sectores como la economía social exigen cambios. Institucionalmente ha sido un edificio gravemente dañado por sus gestores, hoy en la cárcel o en su antesala, por lo que la CEOE ha sido marginada en favor de otros foros empresariales. La actual situación solo beneficia a las grandes empresas y al sector financiero. Todos lo saben y lo que hace falta es ayudar a los cambios institucionales para que, entre otros asuntos, pueda de nuevo lanzarse la negociación colectiva.

Entre las fuerzas políticas el cambio constitucional se reduce por el momento al modelo territorial en el PSOE y en proclamas republicanas en IU, ERC y otras fuerzas de izquierda. Todo eso no vale nada más que como señal de que aún buena parte del actual sistema político no se ha planteado seriamente la salida de la crisis.

Cuestión distinta es la que se vive en el campo nacionalista, con las fuerzas políticas catalanas desbocadas, las vascas a la espera de los resultados de Cataluña y en posiciones menos articuladas las gallegas. Todo ello, dando la espalda a los problemas reales de la gente, la pérdida de los derechos sociales y la injusticia en el reparto de la carga fiscal.

Por ello, cuando en menos de dos años existe la posibilidad de que se abra el proceso del cambio constitucional, lo más urgente es crear un fuerte polo político y social que sitúe por encima de problemas territoriales o parciales los intereses generales: medios para el estado de bienestar, justicia en el reparto de la carga fiscal y devolución al pueblo del derecho a decidir por sí mismo. Ese imán irá atrayendo a buena parte de la sociedad y a las fuerzas políticas que la continúen representando. Y de ese modo se construirá un Frente Amplio capaz de dar a la salida de la crisis una dirección justa y de progreso, en colaboración con los movimientos de ese mismo tipo que se vayan articulando en el plano internacional y especialmente europeo, ya que la crisis española es solo la manifestación en nuestro país de un problema internacional: la preeminencia del capital financiero sobre las fuerzas productivas, fruto de la desregulación bancaria y los paraísos fiscales.