La campaña No al TTIP (que incluye a los tratados comerciales TTIP, TISA y CETA) valora negativamente la declaración conjunta entre el Gobierno federal y los gobiernos regionales puesto que de aprobarse este autorizaría la firma del CETA. El ‘acuerdo’ belga no modifica en sus aspectos más negativos el texto del tratado UE-Canadá y por lo tanto no resuelve las graves amenazas del CETA para la democracia y los derechos humanos.

La eliminación del mecanismo de arbitraje entre inversores y Estados sigue siendo uno de las demandas más relevantes de los gobiernos y parlamentos regionales belgas. Por este mecanismo, cualquier empresa extranjera podría demandar a un Estado ante tribunales privados internacionales a causa de las legislaciones o fallos judiciales que fueran en contra de sus beneficios.

El Parlamento de Valonia ha cuestionado la legalidad de estos instrumentos porque rompen con los principios del Estado de Derecho y ponen en peligro el derecho a regular de los Estados y Parlamentos. Jueces, fiscales y juristas europeos y canadienses han señalado en repetidas ocasiones la incompatibilidad de un sistema de tribunal de inversiones con el Derecho comunitario.

No obstante, la campaña No al TTIP aplaude un elemento recogido en la declaración entre el Gobierno federal y los ejecutivos federales: la obligación al Gobierno belga de solicitar la opinión legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al controvertido sistema de arbitraje en el CETA. Es esencial que este tribunal tenga la oportunidad de juzgar sobre la legalidad de estos mecanismos.

El acuerdo belga ha sido enviado a las representaciones permanentes de los 28 Estados miembros de la UE, quienes se reunirán para discutir si aceptan el documento belga. La Campaña No al TTIP se muestra optimista: de aprobarse el CETA en el Consejo de la UE, existirían aún otras posibilidades para impedir la entrada en vigor del tratado UE-Canadá: “Llamamos a los parlamentos regionales de Bélgica a rechazar el acuerdo y no permitir su firma”. Puesto que una de las condiciones recogidas en el acuerdo belga, los parlamentos regionales tendrán la opción de rechazar el CETA en 2017 una vez que pase el proceso de ratificación en el Parlamento Europeo.

Valonia tiene el respaldo de las más de 2.000 gobiernos municipales y diversos parlamentos regionales en Europa que han aprobado resoluciones de oposición al CETA.

Desde la campaña No al TTIP se continúan denunciando las políticas comerciales de la Unión Europea y se hace un llamamiento organizar nuevas movilizaciones durante el año 2016. Durante los días 4 y 5 de noviembre algunos nodos locales de la campaña llevarán a cabo acciones de protesta en los diferentes territorios para impedir la firma del CETA. Más información será recogida en la web de la campaña.

“Desde diferentes lugares del planeta debemos seguir luchando para desmantelar el régimen internacional de comercio e inversión y poner fin a la impunidad con la que empresas transnacionales cometen violaciones a los derechos humanos”, concluyen desde la campaña.