Asociaciones de víctimas, agrupaciones civiles, ONG y fundaciones pro Derechos Humanos como FIBGAR reclaman al Gobierno de España que acabe con la impunidad y el silencio exigiendo una Comisión de la Verdad contra los crímenes franquistas. Una forma de restaurar el derecho de los familiares de las víctimas a saber qué sucedió, cómo sucedió y por qué. Familiares como los representados en el vídeo de la campaña, donde la verdadera normalidad sólo llega después de saber qué pasó con su hermano, su padre o su abuelo. Algo, que en España se ha vetado tanto por las reticencias de las instituciones públicas como por las leyes.

¿Qué supone no investigar?

La sentencia 101/2012 cerró definitivamente las puertas de la justicia a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, alegando que estos están ya prescritos, además de amnistiados y negando, por consiguiente, su calificativo de crímenes de lesa humanidad, que los convierte precisamente en crímenes imprescriptibles e inamnistiables, además del carácter permanente de delitos como el de la desaparición forzada. Todo ello en absoluta contradicción con los principios básicos del derecho penal internacional, convenciones internacionales y resoluciones de tribunales y organismos internacionales.

Como consecuencia de lo anterior, y según datos del auto de 2008, hubo 114.266 desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y ninguna investigación se ha iniciado al respecto. Asimismo, hay entre 88.000 y 130.000 personas enterradas en cualquier cuneta y 30.000 niños robados. España no solo ha negado a las víctimas su derecho a la justicia sino sus derechos a la verdad y la reparación, que ni siquiera han sido satisfechos a través del establecimiento de una Comisión de la Verdad que, por lo menos, investigue lo ocurrido extrajudicialmente.

Ello contribuiría sin duda alguna a la reparación de las víctimas y a dar a conocer, especialmente a las nuevas generaciones, la historia de nuestro país, conocimiento esencial para la construcción de un futuro mejor.

Argentina toma la iniciativa

Un soplo de aire fresco llegó el pasado miércoles cuando desde Argentina una jueza decretó una orden internacional de detención preventiva para su extradicióncontra cuatro agentes de la seguridad del Estado español acusados de torturas durante la dictadura de Franco. Policías, Guardias Civiles y agentes que podrían haber abierto la puerta a otros imputados de alto nivel. Los medios ya barajan que los siguientes podrían ser cargos como el ex ministro de Interior Rodolfo Martín Villa; el ex ministro franquista y suegro del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina o el ex ministro de Trabajo Fernando Suárez.

Un duro golpe contra la impunidad que desde FIBGAR aplaudimos, aunque con la cautela que exige haber visto como peticiones de extracción de esta naturaleza nunca son resueltas. Los querellantes de la causa argentina no confían en la colaboración del gobierno español, que ya vieron como el embajador en Buenos Aires frustró una posible videoconferencia con testigos desde Madrid tras recibir presiones desde Madrid.