Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el «conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común». Por lo general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.

Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, y también los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad, y el despotismo. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, y la prostitución ilegal; aunque no se restringe a estos crímenes organizados, y no siempre apoya o protege otros crímenes.

Siguiendo a Max Weber citado por Alvar Ezquerra, puede decirse que la gran diferencia entre el ejercicio del poder por el Antiguo Régimen y el mundo democrático, es que en el Antiguo régimen ese ejercicio era marcadamente patrimonialista. Sin embargo, en los regímenes democráticos, al recaer la soberanía en el pueblo, el ejercicio del poder tiene que responder ante la nación. Por otro lado resultan útiles las aseveraciones de Theobald, quien, además de definir la corrupción como «el uso ilegal del oficio público para el beneficio personal», intuye que en el mundo preindustrial las dependencias personales dieron paso -en el mundo industrial- a la codificación formal de las organizaciones sociales buscando la eficiencia. Sin embargo, los lazos familiares o de amistad aún perduran con más presencia conforme se desciende en la pirámide burocrática. Los países desarrollados también presentan corrupción, pero ésta tiende a frenarse cuando se dan aumentos extraordinarios en la cantidad y la calidad de los medios de producción, y también si se diera una economía internacional basada en un sistema estable de intercambio de valores, bienes y servicios, según Alvar Ezquerra.

La corrupción política es una realidad mundial; su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Por esta misma razón existen entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar el nivel de corrupción administrativa internacional, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Transparencia Internacional. Además, la corrupción no es sólo responsabilidad del sector oficial, del Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado, en cuyo caso se puede hablar de corrupción empresarial o de tráfico de influencias entre el sector privado y el público.

Una situación de corrupción política sin restricciones se conoce como cleptocracia, término que significa literalmente «gobierno por ladrones».

De acuerdo con el Círculo Catalán de Negocios (CCN), en un estudio titulado “Cómo se distribuye la corrupción política en España” de 17 de septiembre de 2014, es interesante saber que España es el país de la Unión Europea donde los ciudadanos se encuentran más afectados por la corrupción (63%), incluso por delante de Rumanía (57%) o Eslovenia (38%) y muy lejos de Dinamarca (3%) o Alemania (6%). De hecho los datos muestran que España es uno de los países más citados por corrupción política en las noticias de las cadenas de TV internacional.. Además Transparency International afirma que España es el segundo gran perdedor a nivel de transparencia, conjuntamente con Gambia, Mali, Guinea y Libia.

El estudio también demuestra que PP (4,8), Coalición Canaria (4,7) y PSOE (4,5) son los partidos políticos con un índice mayor de corrupción política por millón de habitantes.

En el período 1984-2013 se han identificado “534 casos de corrupción política y urbanística”, no se incluyen la evasión fiscal ni los casos de corrupción bancaria y empresarial, sino el número de casos sería mucho más elevado. “Se señala como corrupción cuando hay imputación de al menos un político, se ha producido la dimisión de alguno por esta causa y acusaciones recibidas, son acusaciones ciertas porque el político acusado lo ha confesado, existen querellas de Fiscalía por corrupción, la corrupción se ha producido siendo cargo político, la lentitud de la justicia hace que aún existan casos abiertos y que no han tenido sentencia judicial”.

De acuerdo con CCN, “los españoles consideran que España es un país corrupto”, desde 2012 la corrupción es uno de los problemas principales de los españoles. Es la corrupción el segundo problema, el primero es el paro y el tercero sanidad desde 2007-2014, según el Barómetro del Centro de Investigación Sociológica. De este modo, el 81% de los españoles siguen pensando que el paro es el principal problema seguido por la corrupción y el fraude con el 44,2%, en tercer lugar con el 28,3% los problemas económicos y en cuarto lugar los partidos políticos y la política con el 24,2%.

Por otra parte, la corrupción es considerada el problema que más perjudica la imagen de España en el exterior, así opinan el 40,4% de los españoles, según el Barómetro del Real Instituto Elcano en junio de 2013.

España es el país de la Unión Europea donde los ciudadanos se sienten más afectados por la corrupción, así el 63% de los ciudadanos se consideran afectados en su vida diaria por la corrupción, al igual que Grecia con el 63% y al que menos le afecta la corrupción es a Dinamarca con el 3% de los ciudadanos, según datos del Eurobarómetro de la Comisión Europea (2014).

“Los datos son verdaderamente preocupantes, según el CCN, de este modo el 95% de los españoles creen que la corrupción es una práctica generalizada; el 77% lo consideran directamente parte de la cultura empresarial española; el 67% piensan que en España la única manera de tener éxito en los negocios es tener contactos políticos, y el 87% critican que el favoritismo y la corrupción dificultan la competencia empresarial”, de acuerdo con el Eurobarómetro de la Comisión Europea, febrero 2014. Además el 63% de los ciudadanos cree que la corrupción está aumentando, según Metroscopia y El País, enero 2013.

Se señala, también, que España “tiene una imagen internacional de país corrupto y de corrupción creciente”, por ello, es uno de los países más citados por corrupción en la televisiones internacionales, según Media Tenor.

De acuerdo con “Corruption Perceptions Index 2013” de Transparency International, “España ocupa en el Ranking de corrupción el lugar 40 por detrás de Qatar, Botswana, Bután y Brunei; Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Noruega, entre otros, son los menos corruptos y después de España figuran Cabo Verde, Dominica R, Lituania y Eslovenia como los más corruptos”. Según la misma fuente, España en menos de un año ha pasado de la posición 30 a la 40, de acuerdo con la percepción de corrupción.

Según CCN, el estado español no combate la corrupción; en este sentido, determinadas leyes españolas como la Ley del Suelo, impulsada por el Gobierno Aznar, “ha propiciado el crecimiento de la corrupción con un gran número de casos de corrupción urbanística a partir de 1998 y con una bajada de los tipos de interés en 2002 del 5% al 2%”.

En 2014 la situación de la corrupción en España, según Economía Digital en abril de 2014, “los casos abiertos fueron de 1.700, de los cuales se imputó a 500 políticos y fueron condenados sólo 20 políticos”.

Según el BOE, el Estado ha encubierto la corrupción, indultando más de 230 políticos y funcionarios públicos corruptos. En este sentido, el Gobierno Aznar indultó a 159, el de Zapatero a 62 y el de Rajoy a 11, lo que hacen un total de 232 indultos.

CCN, apoyándose en “Corruption Perceptions Index 2013” de Transparency Internacional, asegura que España es el segundo gran perdedor en nivel de transparencia conjuntamente con Gambia, Mali, Guinea y Libia, señalando a su vez como causas de la mayor percepción en España las siguientes: “amplia afectación de los escándalos (partidos políticos, sindicatos empresarios, y miembros de la familia real española), lentitud de las sanciones penales, baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevantes, expansión de escándalos en las instituciones claves del estado y sensación de impunidad”.

Atendiendo a las mismas fuentes, el PP es el partido con más casos de corrupción y con mayor índice de corrupción. De 1984 a 2013 (no contamos los últimos casos de posibles imputados a fecha de 27 de octubre de 2014), el PP con 226 casos es el partido político que ha acumulado más casos de corrupción y tiene el mayor índice de corrupción (casos por millón de habitantes). Los partidos cuyo índice de corrupción es más alto son: PP índice 4,8, Coalición Canaria índice 4,7, PNV con 4,6, PSOE-PSC con 4,5, CiU con 3,4, BNG con 1,8, ERC con 0,5 e IU-ICV con 0,4. Está claro que PP, Coalición Canaria PNV y PSOE tiene índices de corrupción semejantes.

Por casos de corrupción, con un total de 186 imputados el caso Gürtel del PP es el que tiene un número mayor que el resto.

Siguiendo al Confidencial y CCN los casos de corrupción con mayor importe de dinero defraudado son el caso Malaya (GIL) y el caso de los ERES del PSOE. En millones de euros los casos con mayor importe defraudado son Malaya con 2.400, ERES de Andalucía con 1.400, Marbella con 267, Güertel con 120, Palma Arena con 70, Bárcenas con 47, Pretoria con 45, Saqueo II Marbella con 42, Emarsa con 40, Palau con 35, Saqueo I Marbella con 27, Cooperación con 22, Roldán con 13, ITV con 10, Nóos con 8,etc.

Andalucía es la CCAA con mayor nombre de causas de corrupción, seguida a gran distancia de Galicia y País Valenciá. Entre 1984 y 2013 Andalucía tuvo 137 casos de corrupción, seguida de Galicia con 52, País Valenciano con 51, Comunidad de Madrid con 48, Cataluña con 41 (en 5º lugar); en las últimas posiciones se sitúan Cantabria con 8, Navarra con 5, Ceuta con 2, La Rioja con 2 y Melilla con 1.

Por otro lado, los municipios afectados por la corrupción urbanística en España entre 2000 y 2010, entre otros, destacan los de Andalucía con 154 municipios, Valencia con 94, Galicia con 66, Madrid con 46, Cataluña con 43, Castilla y León con 40, Canarias con 35, Extremadura con 29, Castilla La Mancha con 27, Murcia con 26, Baleares con 4, Asturias con 21, Cantabria con 18, País Vasco con 18, Navarra con 14, La Rioja con 12, Aragón con 8 y Melilla con 1, según; “Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España” de la Universidad de La Laguna /Canarias); otras fuentes llegan a la misma conclusión, así “Informe sobre sobre la democracia en España 2008” de Fundación Alternativas; así mismo, el Consejo General del Poder Judicial y diarios informativos, como ABC, llegan a semejante conclusión.

Según Transparency Internacinal, Cataluña (Sin tener en cuenta los casos de corrupción de 2014, léase Pujol, etc), Castilla y León y Euskadi, son las tres CCAA con mayor nivel de transparencia, siendo Murcia y Madrid las que tienen menor índice de transparencia.

En cuanto al total de políticos por partidos imputados destaca el PP con 226, seguido del PSOE-PSC con 212 y a más larga distancia CiU con 25, IU-ICV con 18, Unió Mallorquina con 10 igual que Coalición Canaria y PNV con 10, GIL con 8, Partido Aragonés con 8, Partido Andalucista con 5 al igual que BNG (5), ERC con 4, UPN con 3, HB-EH-BILDU con 1 lo mismo que UPyD (1) y otros partidos 32.

A todos estos casos habría que añadir los de 2014, como Caja Madrid con 83 consejeros imputados por las tarjetas negras, o los más recientes del 27 de octubre del caso Púnica, un total de 51 imputados y 37 detenidos, de los que extractamos lo siguiente:

El Periódico, 8 de octubre de 2014

“El escándalo de las tarjetas de crédito en negro de Caja Madrid (hoy en Bankia) conocido hace unos días es un nuevo golpe en la línea de flotación del sistema institucional forjado durante la Transición. El mero relato de que durante nueve años 83 consejeros y directivos de la caja de ahorros se beneficiaron de tarjetas para gastos personales por un importe de 15,5 millones de euros, opacos a Hacienda, demuestra hasta qué punto se ha considerado normal una forma caciquil de relación entre las finanzas y la política. Las últimas informaciones conocidas de que otra treintena de altos cargos accedieron a créditos preferentes para hipotecas o productos de consumo, entre los que se encontraban personajes como Gerardo Díaz Ferran -ex presidente de la CEOE y ex-propietario del grupo Marsans- hoy condenado y encarcelado por fraude a Hacienda, al margen de otras causas pendientes, refuerzan esta convicción. Puede que esta práctica se haya dado en empresas privadas para complementar los emolumentos de altos directivos, y evitar una mayor tributación al fisco, un hecho igualmente condenable. Pero que eso haya ocurrido en entidades públicas y se haya utilizado para la compra de voluntades de representantes de partidos, sindicatos y otras entidades con el objeto de tener controladores sumisos o amigos con estómagos agradecidos es una muestra del deterioro al que hemos llegado. Hacienda y la justicia tienen que llegar hasta el final para salvar la poca credibilidad que le queda al sistema. Destacan Rodrigo Rato, Blesa, sindicalistas, consejeros del PSOE y PP”.

Operación Púnica’ El Mundo 28 de octubre de 2014

“La Audiencia Nacional, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de Madrid, Murcia, León y Valencia. Hasta el momento, se han producido decenas de detenciones, 259 registros y 400 requerimientos a entidades bancarias y compañías de seguros, así como 30 embargos preventivos.

Según Anticorrupción, serían 51 los detenidos, aunque fuentes jurídicas señalan que se trata de 51 imputados y que los detenidos serían 37, además de precisar que se trata de detenciones policiales y no judiciales, aunque en todo momento ha estado informado de estos arrestos el juez de la Audiencia Nacional que dirige la operación, Eloy Velasco, informa Efe. Los detenidos serán trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y al cuartel madrileño de Las Rozas.

Entre los detenidos se encuentran el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el presidente de la Diputación de León, el también popular Marcos Martínez -sucesor de Isabel Carrasco, asesinada el pasado mes de mayo-. Entre los empresarios arrestados figura David Marjaliza, quien realizó bastantes operaciones con el Ayuntamiento de Valdemoro cuando Francisco Granados era su alcalde.

También han sido detenidos seis alcaldes de la Comunidad de Madrid. Se trata de los ediles de Valdemoro, José Carlos Boza (PP);Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA). Además, el Ayuntamiento de Móstoles está siendo registrado.

En la Región de Murcia, uno de los detenidos es el ex alcalde del PSOE de Cartagena José Antonio Alonso, quien es socio de David Marjaliza en la sociedad Atalia, que intermedió en la venta de los terrenos de Española de Zinc (Zinsa) en la ciudad portuaria, según informa el diario La Verdad de Murcia. También está entre los detenidos el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, así como el jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del gobierno murciano, José Fidel Saura, y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez. Estos dos últimos han sido puestos en libertad pocas horas después tras declarar ante la Guardia Civil.

El origen de la operación se encuentra en la comisión rogatoria enviada a finales del año pasado de año por la Fiscalía suiza informando a Anticorrupción de que había abierto una investigación por blanqueo a Granados y Marjaliza, a los que había bloqueado las cuentas y a los que quería interrogar.

En los dos últimos años, la trama investigada firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales”.

Conclusiones

La corrupción es un mal endémico del Estado español. Afecta a todos los estamentos y administraciones, central, municipal y autonómica.

El sistema político de la Transición (la justicia es lenta y cara y poco financiada), propicia el incremento por robar dinero y esta corrupción provoca que haya espacios de decisión arbitrarios en manos de altos funcionarios y políticos.

La corrupción también se expande entre algunos empresarios y constructores. Existen políticos, funcionarios de todas las administraciones, empresarios, constructores en los que la corrupción no les ha afectado y son honrados.

El Estado español no combate la corrupción como es debido.

Si los partidos políticos pusieran a disposición de la Fiscalía Anticorrupción a presuntos políticos corruptos, la justicia podría juzgar a los imputados y si son culpables, sancionar con penas de cárcel y repatriar el dinero de los paraísos fiscales. Los partidos políticos deben sancionar con expulsión del partido y dimisión del cargo público al instante de cometer el acto punible El Gobierno no debe indultar a ningún sancionado con o sin cárcel.

El dinero repatriado podría servir para crear puestos de trabajo a los 2 millones de ciudadanos en exclusión total, a los más de 5,5 millones de parados, a los 2,3 millones de niños que pasan hambre (comen una sola vez al día en el colegio) a los millones de ciudadanos españoles que no tienen calefacción, al 25% que viven en el umbral de la pobreza (12 millones de ciudadanos españoles), que viven y comen de la solidaridad de los bancos de alimentos etc. etc.

No sirve decir “ya no lo voy a hacer más”, “pido perdón” por los casos de corrupción u otras cosas; quienes piden disculpas lo hacen como niños pequeños creyéndose que los españoles somos menores de edad, o tontos o alguna cosa por el estilo. No sirven estas frases pues les hacen cómplices. Son una estafa a los ciudadanos.

Quienes dirigen los destinos de España ante tales situaciones, si tuvieran un poco de dignidad, presentarían su dimisión ante los numerosos casos que están saliendo, no dos años más tarde.

Nota: En el Anexo del estudio de CCN y en prensa (Hemeroteca), se puede consultar los casos, con nombres y apellidos, de la corrupción política en España entre 1984 y 2013 y en la prensa los últimos casos de octubre de 2014.