Artículo de Pablo Fraile publicado en andalucesdiario.es

Una justicia próxima al ciudadano, cercana a los colectivos más desfavorecidos. El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso ayer en Sevilla sus recetas para conseguir que el sistema español cumpla su función fundamental: una tutela judicial efectiva. Para ello hacen falta cambios profundos y los pasos del Gobierno no van por buen camino. Ni con reformas como la de la jurisdicción universal, ni con su actitud en relación con la reparación de las víctimas del franquismo. El sistema judicial tiene trabajo por delante. Para contribuir en la tarea, surge la Unión de Juristas Independientes de Andalucía, organización en la que Garzón ostenta la presidencia de honor y que trabajará para la modernización de la justicia y en asuntos como inmigración, memoria histórica o violencia de género. ”Si el ciudadano no siente amparo en la justicia cuando va a solicitarlo, es que algo va mal en la sociedad”, decía ayer su portavoz, Elena López.

MEMORIA HISTÓRICA

Baltasar Garzón se convirtió en 2008 en el primer juez en intentar llevar a los tribunales los crímenes franquistas. La iniciativa le costó una causa en su contra por prevaricación, de la que resultó absuelto después de ser apartado de la carrera judicial por otros asuntos. En este terreno, dice Garzón, falta voluntad política. “En tanto en cuanto que haya personas desaparecidas y no se sepa cuál es su ubicación y que los poderes públicos no hacen todo lo necesario porque esa situación ilícita concluya, no podemos decir que estamos en disposición de salir de ninguna crisis. La tenemos mucho más arraigada que los meros aspectos económicos”.

En ese sentido, el jurista valora positivamente el intento andaluz de arrojar algo de luz en el camino de las víctimas, con el recién aprobado anteproyecto de ley de Memoria Democrática. ”El proyecto es no solo bueno, sino necesario y además se puede mejorar”, explicaba ayer a preguntas de los periodistas, “hay algunos aspectos que en el espíritu están pero deberían expresarse. Un mecanismo de verdad y recepción de esa verdad y participación de las víctimas sería muy oportuno”.  El magistrado ha defendido en múltiples ocasiones la necesidad de poner en marcha una comisión de la verdad como terapia democrática. Así se lo dijo al expresidente Zapatero durante unas jornadas celebradas en enero en Sevilla, durante las que reprochó al socialista que su gobierno no la impulsase: “Un pueblo que no es capaz de reconocer lo que ha sufrido está condenado a repetir los mismos hechos”, dijo entonces el exjuez parafraseando a Mandela.

Para el magistrado, la norma autonómica da un paso adelante en el reconocimiento de los represaliados, ubicándolos en un lugar que hasta ahora se les había negado. Y no solo por las deficiencias en la aplicación de la ley de memoria estatal, sino “con una voluntad política gravemente equivocada del actual Gobierno que antepone sus intereses a aquellos que significan el encuentro de España con su pasado, que es presente”. Memoria real frente al negacionismo de algunos sectores. En ese camino, la retirada de símbolos franquistas que impulsa la ley andaluza -tienen que retirarse en un plazo de 18 meses- parece fundamental. Y lo es, explicó Garzón, por una cuestión básica: “No podemos mantener una serie de símbolos y espacios que claramente agreden no solo a la memoria, sino también a las víctimas”.

 EL CAMBIO EN LA JUSTICIA

El exmagistrado de la Audiencia Nacional criticó con dureza la decisión del Gobierno de capar la justicia universal. Dos jueces de la institución, Santiago Pedraz y Fernando Andreu, ya han planteado resistencia a la nueva norma: el primero, rechazando archivar el Caso Couso; el segundo, cuestionando la constitucionalidad de la norma. “No solo es una opción, sino la única opción legal. Partiendo de la propia ley, que es absolutamente  atacable por varios motivos de inconstitucionalidad. Los jueces tienen la obligación de no aplicar esa ley, planteando la inconstitucionalidad o la contradicción evidente de esa ley a tratados internacionales”, defendía ayer Garzón. Es el único camino. Garzón censura además que la norma nazca sin consenso: “Ha sido sustraída. Ha entrado por la puerta de atrás del Parlamento y ha salido por la alcantarilla democrática”.

La reforma del Gobierno suma un motivo más a la lista de descontento ciudadano en relación con la justicia. Y, según un estudio publicado esta semana por el Centro de Estudios Andaluces, el sistema no puede permitirse demasiadas concesiones. La Encuesta de la Realidad Social de Andalucía arroja datos demoledores: el 90% de los andaluces considera que la justicia no trata a todas las personas por igual; el 82% que se equivoca al emitir sus condenas;  y cerca del 80% que no es independiente de la política. Sobre sus resultados también se pronunció el exmagistrado: “Traduce una situación y la oportunidad de una iniciativa como la que estamos hoy promoviendo”, explicó Garzón, “lo que evidencia es que el sistema no es bueno, tiene que modificarse el concepto de la propia justicia y tiene que ya, de una vez, introducirse cambios que la hagan realmente efectiva”.

En ese mismo estudio, un 80% de los encuestados consideraba que los procedimientos judiciales no se desarrollan lo suficientemente rápido. “Es inaceptable que pasen años para que se juzgue un hecho cuando ya en ningún caso esa justicia va a ser justa. Ya está descontextualizada y va a romper más que a reparar”. El propio Garzón tiene experiencia al respecto. En el año 2002 comenzó la instrucción de una causa sobre las herriko tabernas. El juicio se está celebrando ahora, 14 años después. Sucede también en grandes casos de corrupción como los ERE en Andalucía, que acumula más de un centenar de imputados, o Gürtel en la Audiencia Nacional: “Ya ha habido muchas dilaciones y se impone una pronta solución”, dijo Garzón, que defendió el trabajo del juez Ruz al frente de la causa.

También hizo referencia a la última polémica surgida en el seno de la Audiencia Nacional: los mensajes del fiscal Carlos Bautista en su cuenta de Twitter, en los que ridiculizaba a compañeros como el juez Andreu -la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación-. “Me produce mucha pena, asco, como ciudadano, como demócrata, como abogado y como magistrado que he sido de la Audiencia Nacional”. Garzón reclama que intervenga el Consejo General del Poder Judicial.

UNIÓN DE JURISTAS INDEPENDIENTES

“Garzón simboliza todos los objetivos que marcan la asociación”, explicaba a los medios su presidente, Blas Ballesteros. La Unión de Juristas Independientes de Andalucía, constituida en febrero, celebró ayer su primera junta directiva con una hoja de ruta coincidente con el discurso del exjuez. La organización, formada por abogados de toda la comunidad, nace con el objetivo de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, especialmente aquellos en situaciones más desfavorecidas.  ”Personas desempleadas, extranjeras, personas sometidas a cualquier tipo de discriminación, mujeres víctimas de violencia…”, enumeraba Elena López.

Se trata, en definitiva, de mantener los ojos abiertos ante la indefensión en cualquier tipo de ámbito, público o privado, para lo que es fundamental actualizar el sistema de justicia. ”No nace con ánimo de beligerancia contra nadie, sino a favor de todo aquello que signifique hacer una justicia transparente, ágil y eficaz”, explicó Garzón, “Vamos a estar presente en procedimientos en los que se cuestione o esté en riesgo la transparencia, la defensa de los más desfavorecidos”.