El fiscal del caso Banca Catalana reconoce que tras surgir este «se creó un clima de impunidad en torno a Pujol», dado que el expresident catalán era «invulnerable ante la justicia»

«Resulta difícil creer que ninguno de los miembros de los gobiernos de CiU no supieran nada del patrimonio oculto de Pujol en paraísos fiscales; que el equipo dirigente de Convergència Democrática ignorara esta realidad»

«Ha habido silencios calculados, complicidades y un plan premeditado para permitir que CDC fuera un instrumento de enriquecimiento de sus dirigentes y su presidente en particular»

«Lo que ha pasado es una jugada indigna y antidemocrática que hace que CDC no merezca, a estas alturas, ninguna confianza. Y me sorprende que haya partidos de izquierda que estén pactando con CDC acuerdos relacionados con el proceso soberanista»

Los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo elaboraron la querella que se presentó en mayo de 1984, contra el consejo de Administración de Banca Catalana, incluido su vicepresidente ejecutivo, Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat. En noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona desestimó la querella, donde se acusaba Pujol y el resto de consejeros del banco de delitos de «apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas». 33 magistrados votaron en contra de procesar a Jordi Pujol mientras 8 lo hicieron a favor. La confesión del expresidente de la Generalitat del pasado 25 de julio da otra perspectiva a ese proceso. Carlos Jiménez Villarejo entiende que 30 años más tarde, el tiempo ha dado la razón y sentido a la querella que presentó junto con José María Mena. Nos lo explica. 

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