Mediante el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto se modificaba la Ley 52/2007, de “memoria histórica” para que sólo yaciesen en el Valle de los Caídos las víctimas de la Guerra Civil española. Esto implicaba la exhumación y traslado  de los restos de Franco, dada la anomalía democrática que supone tener sepultado a un dictador en un lugar de culto que recibe fondos públicos.

De este modo, se aplicaba en la legislación española, el Informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos (2011), que recomendaba el traslado de los restos del dictador; o las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff en 2014 (A/HRC/27/56/Add.1), que pedía la exhumación como condición para la resignificación del sitio y como necesidad ante la exaltación del franquismo que se producía en torno a esta tumba.

Para ello, era necesaria la colaboración de la Iglesia católica que, desde el Arzobispado de Madrid emitió un comunicado donde mostraban su “efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado.[…] Sin perjuicio de lo anterior, la Iglesia acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo”. Finalizando con “la Iglesia católica en Madrid quiere preservar su independencia política, fomentando el espíritu de concordia entre todos los españoles y cultivando la oración para el logro de una convivencia en paz, justicia y libertad”.

Asumiendo que la exhumación iba a ser un hecho, la familia de Francisco Franco, comunicó al Ministerio de Justicia la intención de reinhumar al dictador con las “honras fúnebres y oficios religiosos correspondientes”, según el Real Decreto 684/2010 de 20 de mayo sobre Honores Militares, en la cripta de la Catedral de la Almudena, donde disponen de un espacio para la inhumación perpetua.

Dados los hechos consideramos que:

El Valle de los Caídos es un Real Sitio perteneciente a Patrimonio Nacional y Bien de Interés Cultural, donde la tumba del dictador recibe cultos y exaltación del franquismo. Por su lado, la Catedral de la Almudena es un monumento singular e incoado Bien de Interés Cultural, con lo cual las manifestaciones públicas de honra y exaltación del franquismo serían constantes y aun más notorias al realizarse en el centro de Madrid.

Las honras fúnebres que pretende hacer la familia del dictador durante el pretendido proceso de reinhumación supondrían reavivar el malestar social, favorecer las prácticas de exaltación al franquismo en el espacio sagrado, menospreciar la dignidad de las víctimas del franquismo y reafirmar la figura de Franco en un espacio público y accesible.

Incluir la figura de Franco en la Catedral de la Almudena supondría reforzar los vínculos de la Iglesia católica con el régimen dictatorial, algo que dividiría el espacio sagrado catedralicio y a la comunidad católica.

Aunque todo bautizado en la Iglesia católica tiene el derecho a recibir sepultura a través esta misma confesión y la Iglesia no puede negarse, hay que considerar que Franco no fue un bautizado más, sino un dictador que puede volver a ser inhumado con honras, quedando el lugar de su tumba expuesto públicamente.

El Estado debería prevenir legalmente esta situación y aunque la reinhumación sería en un espacio propiedad de la familia del dictador y en un lugar privado, ser consciente que, por encima de esto, se mantendría el reconocimiento al dictador y el desprecio a sus víctimas. No es un debate religioso ni partidista, sino basado en el derecho a la memoria, cuyo último garante es el Estado.

La familia de Francisco Franco debería ser coherente con sus deseos de darle sepultura en intimidad y considerar que una reinhumación en la Catedral de la Almudena, podría suponer una nueva ilegalidad si se llegase a reglamentar contra la apología del franquismo.

El Arzobispado de Madrid debería ser consciente de la figura de Franco, el malestar social y las intenciones de la familia e impedir que la reinhumación se realice en la cripta de la Catedral de la Almudena. Volviendo al citado comunicado, respetamos su obligación de dar sepultura a un bautizado, pero afirmamos que la sepultura de este bautizado en el espacio catedralicio es  incompatible con los deseos de concordia y convivencia.

Ante estas consideraciones y apelando a la separación Iglesia y Estado, al derecho a la libertad de conciencia y al papel que la Iglesia católica ha desempeñado como mediadora en numerosos conflictos, situándose junto a las víctimas y a favor de la memoria, la verdad y la justicia, pedimos:

Que se oponga a la reinhumación de los restos de Franco en la cripta de la Catedral de la Almudena y favorezca su nueva sepultura en un espacio privado, fuera de cualquier lugar donde pudieran ser exaltados y puestos en valor los restos de una figura que supuso la violación masiva y sistemática de derechos humanos yla ruptura democrática a favor de un régimen fascista.

Plataforma por la Comisión de la Verdad, 11 de octubre de 2018